La polémica entorno al Hotel Latorre continúa siete meses después de su derribo parcial. Concretamente, el pasado viernes se llevó a cabo una nueva comisión de investigación en la que se dieron a conocer los informes externos, solicitados por el actual equipo de gobierno, a un abogado y a un arquitecto.
Según estos documentos la concesión de la prórroga de la última licencia de obras concedida no es válida, por lo que todas las actuaciones realizadas en los últimos meses en este edificio se considerarían irregulares. Todo ello, haciendo referencia al artículo 154 del reglamento de bienes de las entidades locales en el cual se establece que las licencias o autorizaciones serán renovables siempre que se aplique la normativa vigente. «Por tanto no es válida porque no se aplicó el Plan General de Ordenación Urbana nuevo, que ya estaba aprobado inicialmente», indica Ana María Cabrero, presidenta de la comisión.
Por otro lado, los informes también consideran nulo el convenio firmado en el año 2009 entre el Ayuntamiento y la empresa propietaria del inmueble en el que establecía la rehabilitación de elementos arquitectónicos de interés. El texto recoge que el acuerdo no ha cumplido con todos los procedimientos marcados por la ley, ya que no posee ni informe técnico ni informe jurídico. Cabe destacar que dicho convenio fue aprobado por unanimidad en pleno. «El convenio no se ha modificado conforme al nuevo PGOU, por tanto se considera nulo. Sin embargo, informar sobre estas cuestiones es potestad de la secretaria del Ayuntamiento, que no ha cumplido con sus funciones», argumenta la presidenta de la comisión.
Desde la oposición calificaban estas resoluciones como «barbaridades» y aseguran que se trata de una estrategia de «acoso y derribo» contra los técnicos municipales. «Nosotros les solicitamos que pidieran informes imparciales a la dirección general de Administración Local y al colegio de arquitectos y se negaron», matiza el socialista Florencio Repollés.
La comisión de investigación, por solicitud del PSOE, ha abierto un plazo hasta el próximo viernes 17 para que tanto el ya ex arquitecto municipal como la secretaria del ayuntamiento presenten sus alegaciones a estos informes externos. A partir de ese momento, se prevé que se lleve a cabo otra comisión donde se procederá al voto del dictamen y éste se llevará al pleno que se celebrará el próximo 22 de mayo.
Para la presidenta de la comisión de investigación, Ana María Cabrero, el dictamen podría pedir responsabilidades a los dos técnicos municipales. «Al arquitecto una responsabilidad civil, mientras que a la secretaria se le podría abrir un expediente informativo por incumplimiento de sus labores».
Extraído de www.lacomarca.net / 15/05/2013
