Ustedes no lo sabían pero, durante años, en Caspe ha operado una despiadada organización criminal cuya actividad principal era traficar no con narcóticos, armas, dinero negro o esclavas sexuales sino con recibos de la contribución. Desde el sillón de la alcaldía, y con la inestimable ayuda de la secretaria municipal, se controlaba el acceso al Catastro Inmobiliario decidiendo qué inmuebles pasaban a engrosar dicho inventario y qué inmuebles no. A consecuencia de los tejemanejes de esta verdadera Cosa Nostra municipal, Caspe se hallaba dividido en dos categorías humanas básicas: Por un lado una inmensa mayoría de ciudadanos puntuales cumplidores de sus obligaciones fiscales y, por otro, una minoría de amigos y votantes de los mafiosos para los que el fraude y el engaño se habían convertido en norma de vida. Por fortuna esa organización ha dejado de operar y sus actividades son ahora públicas gracias a la inestimable colaboración no de la Interpol, la Audiencia Nacional o la agente Carrie Mathison sino de dos heroicas publicaciones digitales caspolinas para las que no pesan ni la omertá, ni el miedo ni otra consideración que el estricto cumplimiento del deber de informar con rigor y objetividad. Ah, y también gracias al inevitable articulo semanal del técnico de turismo municipal.
La liebre la levantaba el pasado treinta de diciembre “La verdad de Caspe” en un extenso post, por supuesto anónimo, discretamente titulado “Punto y final a la Mafia del IBI”. El post arrancaba con una exposición de conceptos relativos a la gestión del impuesto para pasar, sin apenas transición, al corazón de su tesis argumental: “La desidia administrativa dirigida por una comisaria del PSOE con poder en la administración municipal y el clientelismo tan venerado por sus dirigentes, alcaldesa y concejales, que tantos votos ha dado a los socialistas, propició en Caspe una política en la que bastantes solares y muchísimas edificaciones en los últimos catorce años, no fueran dados de alta en el Catastro…la mayoría de los vecinos de Caspe hemos pagado el IBI… otros vecinos eran “agraciados” por el PSOE al no formar parte sus propiedades del Catastro y por tanto quedar “liberados” de pagar el IBI”.
Un segundo post, en el mismo medio y también anónimo, esta vez del día nueve de enero y con el título “Las llaves del IBI caspolino”, arrancaba de nuevo con pretensiones técnicas extraídas directamente de la Wikipedia y venía a elevar el tono del primero tachando de “degenerados afines al PSOE” a los pocos que se habían atrevido a “acusar con el dedo al Sr. Sagarra (CPC) que ha sido concejal de urbanismo durante 3 años y 10 meses de la actual legislatura, de hacer lo que ha querido con el catastro municipal y, por consiguiente, con el cobro del IBI…” afirmando sin medias tintas que “Teresa Francín tuvo “las llaves del Catastro Caspolino” durante 12 años… no quiso delegar esta materia durante el tiempo que fue alcaldesa… Al parecer, la ex alcaldesa, durante todo ese tiempo, trabajó duramente para que muchas fincas urbanas no aparecieran en el catastro y, por consiguiente, no pagaran el IBI… La prepotencia, clientelismo y hermetismo de las dos responsables del catastro, han supuesto un perjuicio económico para este pueblo incalculable.” Si el primer post lanzaba sobre los socialistas caspolinos la grave acusación de haber conspirado para hundir las cuentas municipales en beneficio de una minoría, el segundo, ante las lógicas dudas que le despierta a cualquier observador sensato el hecho de que durante años fuera el principal apoyo político de los “mafiosos del IBI”, exoneraba al actual concejal de urbanismo de cualquier responsabilidad al respecto.
En la ribera del Guadalope, también el día nueve, la misteriosa columnista Marina F. Guadel atacaba el tema con otro post titulado “IBI Caspolino… ¿perdonado?” en el que afirmaba con soltura que “Caspe ha estado gobernado por elementos técnicos y políticos que han consentido tal situación… (que) es un trato de favor a una parte de los ciudadanos defraudadores en detrimento de los que no lo son” Yendo aún más lejos llamaba directamente a la thoreauniana desobediencia civil con un “Es llamativo que el ciudadano caspolino consienta que ciertos técnicos sigan estando en sus sillones” y zanjaba la cuestión con un premonitorio “En este caso y en los que están por venir -estoy convencida- el Ayuntamiento de Caspe… debería ser implacable en la denuncia incansable del amiguismo generador de votos cautivos.” Si el artículo resultaba más bien flojeras, no ocurría lo mismo con los comentarios que generó, todos anónimos claro, en los que volvía a latir el viejo espíritu conspiranoico del viejo y querido Guadalope, tristemente enterrado bajo toneladas de sucesos y alertas amarillas desde que el tripartito llegó al gobierno municipal y que tanto echábamos de menos.
Es una lástima que el redactor, o redactores, de los dos posts de “La verdad de Caspe” no hubiera terminado de leer la entrada que la Wikipedia le dedica al Catastro. Después de la referencia a la antigua Roma, que si leyó, dice muy claramente que “es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda” para luego precisar que “la incorporación en el Catastro de los bienes y de las alteraciones de sus características, es obligatoria y se realiza por alguno de los siguientes métodos: declaraciones, comunicaciones y solicitudes; subsanación de discrepancias; inspección catastral.” Quizá le hubiera valido más leerse la ley del Catastro Inmobiliario. Gracias a ello, hasta yo llego a entender que es un inventario gestionado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a partir de cuyos datos los ayuntamientos liquidan el Impuesto de Bienes Inmuebles y que los datos que lo alimentan acceden a él por dos vías principales. La primera deriva de la obligación que tienen tanto los particulares como los notarios y registradores de la propiedad de declarar o comunicar al Catastro las altas, bajas o modificaciones que les afecten. La segunda es la prolongación de la propia actividad de la Dirección General del Catastro que, cada cierto tiempo, procede a revisarlo.
Pero el modelo funciona solo en la teoría. Hay notarios y registradores que cumplen con su obligación con más diligencia que otros y particulares que, simplemente, deciden no cumplirla, de la misma manera que hay particulares que prefieren construir sin licencia o con una licencia que no se corresponde con la realidad de la obra que van a ejecutar o que deciden no legalizar su propiedad en el Registro de la Propiedad. Como consecuencia de todo lo anterior muchas alteraciones catastrales no llegan a conocimiento del Catastro. Para eso están las revisiones, un buen medio para combatir este tipo de irregularidades siempre que se realicen con la debida frecuencia, circunstancia que, por problemas de coste, no suele darse.
Todo lo anterior demuestra que la idea de que un alcalde o un funcionario municipal, de Caspe o de cualquier otro sitio, puedan tener “la sartén por el mango” en lo relativo al Catastro es, cuando menos, delirante. Ni siquiera los malvados orcos del PSOE caspolino, tan ubicuos ellos en eso de maquinar formas de joder a sus vecinos, pueden hacerse con “las llaves del catastro caspolino”, tal y como afirma el equipo de investigación de “La verdad de Caspe”, por la sencilla razón de que dichas llaves están en Madrid, bien custodiadas por el Director General del Catastro en su sede del Paseo de la Castellana. Dicho más claro: nadie, a menos que trabaje en la Agencia Tributaria, puede “mangonear” los datos que contiene el Catastro. Lo mismo ocurre con la obligación de declarar que afecta a particulares y notarios y registradores. Ningún alcalde o funcionario municipal puede controlar el cumplimiento de dichas obligaciones porque, sencillamente, no es su cometido. Y no lo es porque lo diga yo sino porque lo dice la ley. Ese es un asunto entre los obligados y la Administración Tributaria. Decir lo contrario, y los dos posts de “La verdad de Caspe” lo dicen alto y claro, es mentir (“En aquella época, el catastro era responsabilidad del estado, pero en la actualidad esa responsabilidad recae sobre los ayuntamientos”). Mienten, pues.
¿Qué es lo que sí puede hacer un ayuntamiento? Fundamentalmente vigilar e instar al Catastro a que proceda a revisar siempre que haya transcurrido mucho tiempo desde la última o bien se haya detectado un gran número de alteraciones no actualizadas. O hacerlo asumiendo su coste. En ese sentido, lo máximo que se les podrá achacar a los equipos de gobierno anteriores es desidia, poco celo en la gestión, falta de imaginación o conformismo en el caso de que no lo hayan hecho habiendo sido necesario hacerlo. Una desidia que, de existir, no podría discriminar a voluntad a sus presuntos beneficiarios. No revisar el catastro beneficiaría tanto a aquellos de sus amigos que hubieran incumplido su obligación legal como a aquellos de sus enemigos que también la hubieran incumplido. A los que les votaban y a los que no. A todos. Pretender lo contrario es sencillamente ridículo. No hay posibilidad, pues, de mafia, cambalache o contubernio. Es imposible. Y eso tampoco lo digo yo, eso también lo dice la ley.
La cosa hubiera ido bien si “La verdad de Caspe” se hubiera limitado a informar de la forma más profesional posible acerca de la gestión realizada por el actual equipo de gobierno. Los lectores habríamos valorado positivamente la gestión y, sobre todo, habríamos desechado la idea de que alguien estuviera intentando manipularnos. El error cometido es de aficionado, de principiante, de bulto: si tienes una buena noticia que dar, prima en tu mensaje los aspectos positivos de dicha noticia y no empañes su efecto con referencias negativas, sean del tipo que sean. No permitas que nada enturbie el brillo de tu gestión. Habla de lo bien que lo estás haciendo y no te metas en el charco de intentar demostrar que alguien que ya no se presenta a las elecciones sigue siendo la encarnación del mal. Si, como ocurre con Teresa Francín, ese alguien ya no es tu enemigo electoral no le concedas ni un segundo de tu precioso tiempo. Pero no olvidemos que “La verdad de Caspe” no es un medio de comunicación sino un panfleto anónimo al servicio no del interés general de los caspolinos sino de una estrategia política “de parte” y que la manipulación en su caso no es una consecuencia colateral sino su propia razón de existir. Cuando se mezclan las churras del IBI con las merinas de la Mafia, cuando se combinan los datos de la gestión realizada hoy con las acusaciones sin fundamento legal a personas que o bien ya no están en política o bien tienen estatuto de funcionarios, buscando ajustar cuentas personales, todo se desmorona y lo único que percibe el ciudadano es que le están intentando tomar el pelo consiguiéndose el efecto contrario al pretendido.
Me atrevo a dar un consejo al actual equipo de gobierno municipal en relación a su política de comunicación. Si realmente quiere rentabilizar su gestión de cara a los próximos comicios, cíñase a realizarla de la mejor manera posible y a vender sus logros de forma aséptica olvidándose de convertir a Caspe en un plató de Intereconomía. Persistir en dirigirse a sus potenciales votantes a través de portales anónimos manifiestamente mendaces, o con artículos firmados por misteriosas columnistas que antes de hormonarse y pasar por el quirófano para extirparse los órganos sexuales masculinos eran señores de casi sesenta años, casados y con hijos es una pésima estrategia. Contentará tan solo a los convencidos sin espíritu crítico, despertará dudas entre los convencidos con espíritu crítico y movilizará en favor de sus oponentes electorales a los no convencidos. Nada que ganar, mucho que perder. Mal negocio.
Por otra parte, continuando por ese camino se corre el riesgo de acabar generando un peligroso efecto bumerang. Sin profundizar mucho en lo expuesto en “La verdad de Caspe” se me ocurren diversas cuestiones ¿Esos doscientos nuevos contribuyentes no son muy pocos para un municipio con un catastro tan grande como Caspe? ¿Están todos los que son o solo los que ha convenido que estén? ¿Entre esos doscientos hay también votantes de los partidos del tripartito, familiares o amigos de los políticos del tripartito, clientes de los negocios de los políticos del tripartito? ¿Para esta revisión se ha recurrido a los servicios de una empresa externa que haya peinado el municipio a la caza de todos los infractores o se ha realizado con medios municipales? ¿Qué criterios se han seguido para ello? ¿Aunque Teresa Francín llevase personalmente el control del Catastro no es cierto que si era alcaldesa era gracias a los apoyos electorales del PAR primero y del CPC después? ¿Por qué apoyar durante una legislatura a un gobierno mafioso y corrupto? ¿No hubiera sido lo correcto romper el pacto ante hechos tan graves como los denunciados? ¿Alguien ayudaría a Vito Corleone o a Joe Bonanno a mantenerse en la alcaldía sin recibir nada a cambio? ¿Se puede estar siempre aceptando la responsabilidad política “a beneficio de inventario”? ¿Por qué nadie ejerció la denuncia pública que contempla la Ley General Tributaria? Sería bueno que en lugar de películas sobre la Cosa Nostra o sobre los orcos de Mordor, en un futuro, los redactores de “La verdad de Caspe” se dedicaran a ofrecernos todos los datos necesarios para garantizar nuestra tranquilidad como ciudadanos cumplidores de las normas gobierne quien gobierne.
Ah. Y terminemos con el artículo que el viernes diez publicaba el técnico de turismo municipal en La Comarca con un ingenioso juego de palabras como título: «IBI, Caspe, que no Alicante». Algunos de sus párrafos me hacen sospechar que también obtuvo Matrícula de Honor en Derecho Tributario. “…llegados a este punto concretaremos que el Catastro, con el cual tiene estrecha relación el citado IBI, era una competencia de Alcaldía, que junto a Secretaría no actualizó datos, ni ganas que tenían” “Pero no fueron culpables los ciudadanos, sino quienes ocuparon el poder durante tres décadas, haciendo dejación de una función esencial para mantener viva la economía municipal y favoreciendo la distinción y desigualdad entre los ciudadanos. ¿Por qué razón? La respuesta es obvia.” Profundizando en la lectura del texto, no sé cómo se nos llegó a ocurrir pensar siquiera que en su contratación hubieran concurrido otros factores que su extraordinaria preparación académica y su innegable don de gentes. “Reconozcámoslo: por fin el actual Equipo de Gobierno ha puesto orden, y concretamente el Concejal Delegado de Urbanismo Javier Sagarra de Moor.”
Jesús Cirac
